La Resolución 296/2025 de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología marca un punto de inflexión importante en cómo el Estado argentino piensa la protección de datos. Lo interesante es que aborda el problema de fondo: ¿cómo hacer para que el Estado pueda trabajar con la información que necesita y, al mismo tiempo, respetar la privacidad de las personas? El artículo 43 de la Constitución protege ese derecho, y esta resolución intenta darle forma concreta a ese mandato.
El Estado necesita datos para funcionar, eso es innegable. Pero esa necesidad no puede convertirse en carta blanca para entrometerse donde no debe. La resolución apuesta por algo razonable: solo se recolectan los datos necesarios para un fin específico, y cuando ese fin se cumple, los datos se borran.
Claro, queda una pregunta incómoda: ¿cuándo exactamente los datos «dejan de ser necesarios»? Esa ambigüedad puede ser problemática. Va a depender mucho de que haya criterios claros en la práctica y de que los jueces estén atentos cuando revisen casos concretos. No es un defecto fatal del sistema, pero sí es un punto que habrá que vigilar de cerca.
Controles y transparencia
Los aspectos valiosos de la normativa: primero, que los organismos tengan que inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos; segundo, que estén obligados a avisar inmediatamente cuando hay un problema de seguridad. Esto evita que la Administración sea juez y parte, que se autorregule sin rendir cuentas a nadie.
Ahora bien, toda esta arquitectura depende de que la Agencia de Acceso a la Información Pública tenga recursos y autonomía real. Si la Agencia termina siendo débil, sin presupuesto o sin independencia política, todo este esquema queda en buenas intenciones.
La normativa dispone compartir datos entre organismos
Es lógico que distintas áreas del Estado necesiten intercambiar información. Lo contrario sería una burocracia kafkiana donde cada oficina pide los mismos datos una y otra vez. La resolución lo permite, pero con la condición de que sea «imprescindible».
¿El riesgo? Que, con el tiempo, «imprescindible» se vaya estirando y termine significando «conveniente» o «útil». Para evitar eso, van a hacer falta guías claras y casos concretos que marquen dónde está el límite. Sin eso, el estándar pierde fuerza.
Datos sensibles
Se estable que los datos sensibles (salud, orientación sexual, creencias religiosas, etc.) solo pueden tratarse si hay un «interés general autorizado por ley». Es un estándar amplio, y eso es deliberado: le da al Estado margen para adaptarse a situaciones nuevas.
Pero justamente por eso, la discusión sobre qué cuenta como «interés general suficiente» va a ser clave. No es un defecto de la norma, es el lugar donde la democracia y los tribunales van a tener que trabajar para definir los límites concretos.
Transferencias internacionales
A partir de esta normativa la Argentina no va a permitir que sus datos vayan a países donde la protección sea débil o inexistente. Tiene que haber garantías «sustancialmente equivalentes». Está bien, es una posición firme.
El problema es verificar que eso se cumpla. Una vez que los datos cruzan la frontera, ¿cómo sabemos que del otro lado están respetando las reglas? Hace falta cooperación internacional, acuerdos robustos, mecanismos de seguimiento. La resolución abre la puerta, pero hay mucho camino por recorrer.
La tercerización tecnológica
El Estado contrata empresas privadas para procesar datos todo el tiempo. La resolución reconoce esa realidad y exige que haya cláusulas contractuales específicas para proteger la información.
En resumen
La Resolución 296/2025 es un paso adelante. No es perfecta, no resuelve todo, pero pone las cosas sobre la mesa. Reconoce que el Estado necesita datos, pero también que esa necesidad tiene límites. Establece reglas, procedimientos, controles.
El desafío ahora es hacer que esto funcione en la práctica. Que la privacidad no sea vista como un obstáculo molesto, sino como un componente básico de cómo el Estado debe operar. La resolución da un marco. Lo que viene después depende de cómo se use ese marco: con seriedad o con cinismo.
Para más información o para evaluar el impacto de estas novedades en un caso concreto, no dude en contactarse con Alejandro Laje – alaje@navarrocastex.com