En una sentencia del pasado martes 28 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la suspensión de una ejecución de sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la cual se había aumentado el monto de condena a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo pasando de $2.884.994 a $19.206.159 más intereses, es decir, un aumento de aproximadamente 6.000 %.
La parte demandada argumentó que la sentencia de Cámara había sido arbitraría, por declarar la inconstitucionalidad de oficio de uno de los artículos de la ley de Riesgos del Trabajo, y en especial, fundó el planteo de arbitrariedad en el hecho de que los jueces de la Cámara habían elevado el monto de condena sin haber sido pedido por el trabajador, arrojando un número final desproporcionado.
En este contexto, el máximo Tribunal interpretó que “los argumentos expresados en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja podrían, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal susceptibles de examen”, y que, por lo tanto, debe suspenderse el proceso de ejecución de la sentencia laboral.