Un fallo reciente de la Sala III de la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 45 de la Ley 24.240, que impone la obligatoriedad del dep\u00f3sito previo de la multa impuesta por la Direcci\u00f3n de Defensa y Protecci\u00f3n del Consumidor como requisito para poder apelar dicha sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los magistrados, adhiriendo a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, se\u00f1alaron que, si una sanci\u00f3n no se encuentra firme y ejecutoriada, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se encuentra habilitado para iniciar su ejecuci\u00f3n. Ello de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 450 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que establece que en materia tributaria s\u00f3lo las \u2018multas ejecutoriadas\u2019, en tanto exigibles, son susceptibles de ejecuci\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, decidieron que el art\u00edculo 45 de la Ley 24.240 resulta inconstitucional en cuanto exige el dep\u00f3sito previo de la multa impuesta para interponer recurso directo contra dicha resoluci\u00f3n administrativa.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, suspendieron la obligaci\u00f3n de la ejecutada de publicar la condena en un peri\u00f3dico \u2011aun encontr\u00e1ndose satisfecho el pago de la multa-, prevista en los art\u00edculos 18, 20 y 21 de la Ley 757 CABA, ya que en caso de incumplimiento la Autoridad de Aplicaci\u00f3n cuenta con la posibilidad de incrementar el monto de la multa hasta un ciento por ciento (100%).<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, suspendieron la ejecuci\u00f3n de la disposici\u00f3n apelada hasta tanto recaiga sentencia definitiva, ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reintegrar a la ejecutada la suma abonada en concepto de multa dentro del plazo de cinco d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n